IN EXTENSO.- Reducidos a la mínima expresión en sus listas las víctimas de violencia política, mostraron su descontento porque el gobierno decidió pagar el resarcimiento de las dictaduras a un sector pequeño, luego de que el Ministerio de la Presidencia informó que a partir de este martes se iniciará el pago por resarcimiento excepcional a las víctimas de gobiernos inconstitucionales en el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
El resarcimiento procede en cumplimiento a la Ley 1446, del 25 de julio de 2022, que establece el pago en el marco de la protección y respeto a los derechos humanos en favor de las personas contra quienes se cometió violencia política por parte de gobiernos inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular.
La ley autoriza al Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación, asignar recursos por un monto de hasta Bs 99,9 millones. El pago se hará a través de la Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria de acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos.
Los beneficiarios directos e indirectos deberán solicitar el pago ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Bolivia sufrió una serie de verdaderos golpes de Estado y dictaduras militares entre 1964 y 1982 que resultaron una grave violación a los derechos humanos que, dejaron muerte, luto y dolor a familias bolivianas. Que nada tiene que ver con el supuesto golpe inventado por Evo Morales y sus operadores, por el contrario hicieron el monumental fraude electoral el 2019 y ahora se vengan mediante la justicia, encarcelando a políticos de la Gestión constitucional de la expresidenta Jeanine Añez.
Recordemos que en el régimen de facto de Luis García Meza se produjeron alrededor de 26 desapariciones forzosas y la Masacre de la Calle Harrington, en la ciudad de La Paz. Transcurrieron 59 años y diez años de vigilia por parte de las víctimas directas e indirectas serán resarcidas en un pequeño grupo, ya que muchos fueron marginados de las listas que presentaron las víctimas.
Según los afectados, el año 2004 se promulgó la Ley 2640, destinada a resarcir a las víctimas de las dictaduras; sin embargo, no se contaba con fondos económicos y se estableció un parámetro de calificación que en muchos casos no se cumplió.
Ese año, el expresidente Carlos Mesa solo garantizó el 20% de los recursos previstos por dicha norma y dejaba el 80% restante a la voluntad de la cooperación internacional.
A mediados del 2022, el Gobierno de Luis Arce garantizó el pago de ese 80% pendiente, con recursos del Tesoro General del Estado. rc/bs/md/hj
