* El artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE) “garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.
INEXTENSO.- El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, hizo ayer un llamado al Estado y sectores en conflicto a ofrecer garantías para el trabajo de periodistas.
En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, y tras conocer el informe de la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios bolivianos, Vaca expresó preocupación por las denuncias de agresiones a periodistas que realizan cobertura de manifestaciones.
“Hago un llamado por las garantías a la prensa en Bolivia”, expresa el mensaje de Vaca.
En opinión del Relator de la CIDH, “la protesta interpela a la sociedad y, como asunto de interés público, las personas manifestantes (especialmente sus liderazgos) y el Estado deben brindar garantías para el cubrimiento de lo que allí sucede”.
En los últimos meses, periodistas de diferentes medios fueron agredidos durante la cobertura del conflicto de productores de hoja de coca, en la ciudad de La Paz.
Durante los enfrentamientos, el director del programa “En otro formato” Nicolás Sanabria, fue herido con fuegos de pirotecnia, el martes 2 de agosto.
El lunes 19 de septiembre, fue rodeado, amenazado y echado a empujones de una reunión de productores de hoja de coca que apoyan la instalación de un mercado ilegal del vegetal.
Al mediodía del jueves 8 de septiembre, y durante la toma e incendio del mercado ilegal de coca, en la zona de Villa El Carmen, varios reporteros fueron amedrentados por agricultores contrarios al sector oficialista mientras agredían a personas que huían de las instalaciones atacadas.
El 7 de septiembre, el camarógrafo Evert Trinidad Miranda, de la estatal BoliviaTv, sufrió agresiones físicas, cuando realizaba la cobertura de un allanamiento por parte de la Fiscalía a oficinas de la Gobernación de Santa Cruz.
Trinidad Miranda informó a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que realizaba una transmisión en vivo sobre las acciones de una comisión de fiscales cuando su trabajo fue interrumpido por un guardia de seguridad que lo empujó y golpeó su cámara, luego le asestó un golpe en el pecho y otro en un brazo.
SECRETO DE FUENTE
En los últimos días, se conocieron al menos tres casos de periodistas que fueron presionados para revelar el secreto de fuente informativa.
La ANP expresó respaldo al periodista de Radio Frontera, de la ciudad de Yacuiba (Tarija), Roberto Puma Vega, que fue requerido judicialmente para que revele la fuente informativa que alertó sobre el mal estado de alimentos consumidos en el desayuno escolar de una unidad educativa, en junio pasado.
La ANP expresó solidaridad al periodista y recordó que el artículo 8 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925, protege la fuente informativa y por tanto pidió al juez encargado del caso que se aplique este principio de respeto al trabajo periodístico.
El artículo 8 de la Ley de Imprenta expresa que “El secreto en materia de imprenta es inviolable”.
En 2014, la ANP respaldó a dos periodistas del diario La Razón que fueron encausados por supuestos delitos de “espionaje, revelación de secretos y complicidad” tras la publicación de un reportaje sobre la demanda marítima, y tras recursos legales y protestas del sector periodístico un Tribunal de La Paz reconoció la vigencia de la Ley de 1925 y remitió los antecedentes al Tribunal de Imprenta de La Paz.
TESTIGOS
Por otro lado, fiscales de Cochabamba que están a cargo del caso denominado Huayllani dejaron sin efecto la citación a declarar al periodista Javier Martín Colque Rollano y al camarógrafo Robert José Valdivia Gutiérrez como “testigos presenciales” de los sucesos violentos del 15 de noviembre de 2019 ocurridos en Huayllani, localidad del municipio de Sacaba.
De acuerdo a esa citación del 31 de agosto, la segunda expedida por la comisión de fiscales encargada de las investigaciones de los hechos de noviembre de 2019, ambos trabajadores de la prensa debían comparecer en las oficinas de la Fiscalía de Sacaba el lunes 12 de septiembre a las 9:00, “bajo la alternativa de expedir mandamiento de aprehensión”.
Colque y Valdivia fueron inicialmente citados el 19 de agosto para el 30 de agosto, para prestar declaración en calidad de testigos en el caso “Huayllani” seguido en contra de Alfredo Cuellar Mercado y otros por la presunta comisión de los delitos de genocidio, asesinato y otros delitos, pero no comparecieron.
A través de un memorial Colque alegó que estuvo presente en el lugar de los hechos cumpliendo su labor periodística, como parte del equipo de prensa de un medio televisivo, por tanto, corresponde tratar el caso dentro del marco de la Ley de Imprenta de 1925, en vigencia. No obstante, esta argumentación, los fiscales emitieron una nueva citación al día siguiente, el 31 de agosto.
El artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE) “garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”. (SIP)
(panbolivia.net/WordPress) 22/9/22, La Paz.
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