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Inextenso (panbolivia.com) 25 marzo de 2021, Santa Cruz.- Gobierno acude a vía ordinaria para procesar a la expresidente Constitucional Jeanine Áñez ante falta de 2/3 en la Asamblea, vulnerando la Constitución Política del Estado y pretenden adecuar la misma a conveniencia del MAS, con tal de lograr el objetivo, sentenciarla culpable.
“El móvil es claro el ministro Lima, recibe instrucciones de “ocultas” Quintana y Evo Morales y otros operadores, suponiendo que actuando de esa manera “lavarán su imagen” de fraudes y ahora se convierten en un peligro tanto la justicia como el gobierno, sostiene el economista cruceño Luis H. Liebers.
Iván Lima, ministro de Justicia, admitió que se procesará a la expresidenta Jeanine Áñez mediante la justicia ordinaria, porque no se cuenta con dos tercios de voto en el Parlamento para aprobar un juicio de responsabilidades contra la exjefa de Estado. Lo que implica que los operadores de del legislativo en cualquier momento modificarán a gusto y sabor del gobierno y no les interesa pisar o violar la CPE.
«No tenemos dos tercios (en el Legislativo) y hay que armar un caso. No puedes ir con una acusación tan grave el día uno, hay que construir la legitimidad y la prueba», declaró Iván Lima.
Jeanine Áñez guarda detención preventiva de manera abusiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, entre otros, dentro del caso denominado “Golpe de Estado”.
Anunció que se iniciarán juicios de responsabilidades contra la exjefa de Estado cuando se tengan los informes del Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI), sobre los hechos acaecidos en Senkata y Sacaba en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales. Sin embargo, no se toma en cuenta en los informes ya cantados las muertes de Vila Vila y Montero, tampoco la quema de 66 buses pumakataris en La Paz por seguidores del MAS entre algunas que los bolivianos saben.
El ministro aseguró que se descartarán las opiniones que puedan salir del informe final del GIEI si éste resulta ser “arbitrario” en criterio del Gobierno.
En otras palabras, el gobierno y la justicia mediante la fiscalía, arman el caso, acomodando cada instancia y que no quede nada suelto en las acusaciones e incluso programan la información que deben dar a los ministros y estos difundan por sus medios masistas, tal cual al estilo de un operador que ya organizó el caso terrorismo de Santa Cruz. (rc/md)