INEXTENSO.- El gobierno partidista, utilizando la justicia se asegura que la expresidente constitucional Jeanine Añez, sea jugada ordinariamente, cuando debería hacerse en un juicio de responsabilidades, lo que corresponde según la Constitución Politica del Estado de Bolivia, vulnerando de esta manera los derechos de los ciudadanos.
Este martes, el juez primero de Instrucción en lo penal de El Alto, Marco Antonio Amaru, cuestionado determinó declararse competente para procesar por la vía ordinaria a Jeanine Añez por «genocidio» en el caso de la refriega de Senkata, donde los mismos masistas mataron a los masistas por la espalda, denuncia e investigación que hicieron desaparecer y que no se presentó al CIDH y les dieron informes manipulados.
Tanto la defensa y opositores insistieron que corresponde juicio de responsabilidades en su calidad de expresidenta del Estado. La audiencia virtual se declaró en reserva porque habría una víctima menor de edad.
El juez Amaru había sido cuestionado en los últimos días, porque el año pasado fue aprehendido en dos ocasiones, sindicado de favorecer a presuntos autos de asesinato y feminicidio.
La decisión se tomó en una audiencia de excepción de incompetencia, que se realizó a pedido de víctimas de Senkata del MAS, que son patrocinadas por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), dependiente del Ministerio de Justicia, cuando las supuestas víctimas eran unos cuantos, ahora crecieron hasta miles y quieren dinero y ya recibieron, alimentos pegas, créditos, pero desean tener más dinero los masistas.
Como se sabe el juicio de responsabilidades requiere de aprobación del Legislativo por dos tercios y se desarrolla ante el Tribunal Supremo de Justicia, mientras que un proceso ordinario sólo requiere de una acusación de la Fiscalía y se juzga en un tribunal de sentencia.
Los abogados de Añez anuncian que corresponde el juicio de responsabilidades toda vez que los hechos investigados se registraron cuando la imputada era presidenta del Estado e incluso la propia Fiscalía General presentó en 2021 una proposición acusatoria, reconociendo así que Añez fue mandataria con la prerrogativa del juicio de privilegio.
Las víctimas de Senkata pidieron que el juez Amaru se declare competente para el proceso contra Añez en la jurisdicción ordinaria y que, además, solicite al Tribunal Supremo de Justicia que le remita los antecedentes del caso. Esto bajo el argumento de que Añez no habría sido presidenta constitucional y que, por lo tanto, no tendría juicio de responsabilidades. Pero el tema no solo fue así el ministerio de justicia y el globierno direccionaron el juico, pese a que como siempre lo niegan.
El abogado de la presidente constitucional consideró que la decisión del juez Amaru es prevaricadora y carece de fundamentación jurídica. En ese sentido, apelaron la decisión y excepción inhibitoria.
Del mismo modo, Guillén manifestó que aún el Tribunal Supremo de Justicia debe revisar si es competente para juzgar a Jeanine Añez y si la resolución del juez Amaru cumple la norma. De no cumplir, el TSJ debe remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional para que dirima este tema.
En este caso se investiga el operativo militar y policial del 19 de noviembre de 2019, cuando se pretendía custodiar la salida de combustible desde la planta de Senkata en El Alto, cuando los masistas intentaron hacerla volar, en medio de las manifestaciones contra la asunción de Añez como presidenta.
El saldo de aquellos enfrentamientos fue de 10 fallecidos y más de 30 heridos en la refriega que provocaron grupos masistas entre pagados y seguidores. (rc/bs/rp) La Paz.