INEXTENSO.- El gobierno de Luis Arce junto a su jefe fraude Evo Morales, utilizan el procedimiento abreviado para inculpar de delitos que no cometieron y de no hacerlo amenazan por el Ministerio de Gobierno con enviarlos por años a la cárcel, siendo una forma de chantajear a los detenidos «opositores» al gobierno actual.
Esta forma de hacer “justicia” esta de moda en Bolivia, pues el último es de Raúl Uría de la juventud yungueña y entre medio dirigentes de Adepcoca, acusado por supuestos tráfico de armas desde el septiembre del 2022 y que hasta el momento no le demostraron los del ministerio de gobierno que son los demandantes.
No hay pruebas y el asunto pasa porque el ministerio de gobierno no pierda el caso dirigen el caso a que se inculpen de los cargos y salen de la cárcel, caso contrario entre 6-15 años podría estar en el “chirola” e incluso cambian las acusaciones.
Ya ocurrió en el caso del dirigente yungueño Cesar Apaza y otros de la misma región que aceptaron el juicio abreviado que se sigue ese curso ilegal aplicado por el gobierno actual.
MODUS OPERANDI DEL GOBIERNO Y JUSITICIA
Pero no son los únicos casos, pues el modus operandi se repite el actuar, pues los militares y ministros de la gestión de la presidenta constitucional Jeanine Añez, tuvieron que seguir ese mecanismo de chantaje para inculparse y aceptar de algo que no hicieron.
Pues al parecer el criterio es que tener culpables como sea de los casos por ejemplo “golpes” que obviamente son juicios mentirosos y montados para eliminar políticamente a los opositores y pretender hacer creer mentiras como los del cocalero, apoyado por el actual gobierno de Luis Arce.
EL ABUSO DE LA DETENCIÓN
Su abogado Jorge Valda de derechos humanos, en su momento, indicó que otra de las medias impuestas contra el dirigente es que debe asistir cada lunes al registro biométrico, arraigo y no puede acercarse a las instalaciones de Adepcoca ni tener contacto con los otros procesados.
Se trata de detenidos de hechos circunstanciales y no son delincuentes como los de Se kata, Sacaba y Huayllani, que aterrorizaron a los bolivianos y incluso sus jefes como Evo moirales y Alvar Garcia. Se pasan en el país, cuando debieron estar en la cárcel.
Precisó que se presentó un recurso de apelación para que se reduzca la cantidad de la fianza, porque es un monto imposible de cumplir para una persona que no está trabajando desde hace ocho meses.
Por otra parte, denunció que el Ministerio de Gobierno intentó obligar a una de las coprocesadas, con sentencia debido a un procedimiento abreviado, responsabilice al dirigente para ampliar su detención.
“Estas personas que se apartaron con un proceso abreviado ni siquiera llegaron a declarar en contra de Raúl Uría. El Gobierno intentó forzar a una de las declaradas condenadas para que testifique en contra del dirigente, pero no lograron su objetivo”, dijo el pasado año.
Recordemos que los socios de Adepcoca se movilizaron el pasado año (2022) exigiendo al Gobierno que cierre el mercado paralelo de coca que se instaló en villa el Carmen, por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes. Al no tener una respuesta, el 8 de septiembre tomaron esas instalaciones y se produjo un incendio. LA PAZ/SOCIAL/panbolivia.net
