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Inextenso (panbolivia) agosto 16 de 2021, La Paz.- El alcalde Iván Arias respalda la propuesta de un proceso penal contra Evo Morales, exparlamentarios, exmagistrados y exvocales electorales, porque aprobaron la reelección indefinida del expresidente, pese a que el referendo del 21F dijo “no” en 2016 a un cuarto mandato consecutivo y que está prohibida por la Constitución Política del Estado.
A la pregunta de periodistas “¿Se deben promover procesos penales contra Evo Morales y otras autoridades?”, el burgomaestre respondió: “Porque violaron la Constitución, por supuesto, esos señores, ellos son los que causaron toda esta situación de convulsión en el país, producto (de la falta de respeto a los resultados) del 21F, de que no se respetó el voto popular, de que no se respetó la Constitución”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó, por cinco votos a favor y dos en contra, que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho humano y considera que esa figura obstaculiza la alternancia en el poder, afecta la separación de poderes y debilita, en general, el funcionamiento de la democracia.
“La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”, se lee en la Opinión Consultiva OC-28/21. El documento fue aprobado el 7 de junio, pero demoró en ser divulgado porque recién notificó el viernes 13 de agosto a todas las partes involucradas en esta opinión consultiva que planteó Colombia el 21 de octubre de 2019.
El alcalde Arias sostuvo que la actual Carta Magna reconoce solo una reelección. “Lo que nosotros pedimos siempre es que se respete la Constitución, nuestra Constitución dice que un líder, un alcalde, un gobernador, un presidente solamente puede postularse dos veces y listo, esa fue nuestra pelea”, en alusión al respeto de los resultados del 21F de 2016, cuando el 51,3% de los bolivianos rechazó la reelección indefinida.
Afirmó que la posición de la Corte IDH ratifica la vigencia de la Constitución y rechaza el argumento de derecho humano a postularse de manera indefinida. “Lo que hace el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es ratificar que nosotros estábamos reclamando la legalidad y el cumplimiento de la Constitución, de ahí para adelante, todo lo demás fue violación, todo lo demás fue anticonstitucional”.
Se conoció que constitucionalistas y abogados sugirieron proceso penal contra quienes solicitaron, aprobaron y realizaron las elecciones generales en octubre de 2019 contrariamente a la Constitución. “Es posible procesar en instancias internacionales a los responsables de la violación de la Constitución Política del Estado porque iniciar juicios en Bolivia no será posible debido a que la Fiscalía y el Poder Judicial son dependientes del poder político del MAS”, sostuvo el abogado constitucionalista, William Bascopé.
La abogada y exconstituyente, Magda Calvimontes, afirmó que a los que vulneraron la Constitución se les podrá abrir procesos penales por resoluciones contrarias, ya que no enmarcaron su labor interpretativa a la voluntad constituyente (21F).
Doce exlegisladores y seis exmagistrados están detrás de la sentencia de la reelección indefinida, que dio vía libre para que Evo Morales se postule a la presidencia en las elecciones de octubre de 2019, pese a que el referendo del 21F dijo “no” a la reelección.
Del total, según sus declaraciones juradas a la Contraloría, seis trabajan en el Estado, según reporte de Página Siete. A ello se suman seis exvocales electorales del Tribunal Supremo Electoral que llevaron adelante los comicios de 2019.
El referendo constitucional de febrero de 2016, las elecciones primarias y generales de 2019 costaron al país 397,4 millones de bolivianos para forzar la reelección de Evo Morales. Para la consulta popular, el TSE solicitó al Gobierno 153,4 millones de bolivianos.
Para las elecciones primarias de enero de 2019, el TSE solicitó al Ministerio de Economía 26,9 millones de bolivianos. El 57% de los recursos se emplearon para el sufragio de militantes del MAS.
Una vez formalizados los candidatos por sus partidos. El Órgano Electoral requirió 217 millones de bolivianos. Los comicios de octubre de 2019 fueron anulados por el mismo Evo Morales el 10 de noviembre, antes de renunciar a la Presidencia, luego que se conocieron los resultados preliminares de la auditoría de la OEA que estableció que hubo “operaciones dolosas” en las elecciones generales, las que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”. (rc/bs/md)
