IN EXTENSO.- Califican de excesivo la emisión del sello azul de la Interpol contra el exalcalde del municipio paceño, Luis Revilla, buscado por la presunta irregularidad en la compra de buses Puma Katari; desde Soberanía y Libertad (Sol.bo) anunciaron que presentarán una denuncia ante organismos internacionales alegando una persecución política contra el líder político de oposición por parte de la justicia del gobierno y el masismo con sus operadores.
José Luis Bedregal, vocero de la agrupación denunció que las instancias jurídicas del país no actúan de forma independiente y que están sujetas a órdenes del poder Ejecutivo.
“En Bolivia no hay donde recurrir, no hay Defensor del Pueblo, no se puede confiar en la justicia, el Ministerio Público no actúa con objetividad, por lo tanto, Luis Revilla y los bolivianos no tienen posibilidad de acceder a un debido proceso”, sostuvo.
Manifestó que la exautoridad se presentó en su debido momento ante el Ministerio Público y otras instancias jurídicas donde fue convocado por los procesos en su contra; sin embargo, alegó que, con las actuales autoridades judiciales, no existe una garantía para someterse ante estas instancias.
MILITARES DENUNCIADOS DE VIOLACIÓN
Un juez Cliza de Cochabamba, determinó la detención preventiva para el cuarto militar acusado de violación grupal a una joven expremilitar y hora acusado deberá permanecer 6 meses en el penal de San Antonio.
Cinco militares son investigados por una denuncia de acusación grupal a una expremilitar en el regimiento militar Victoria Cite, situado en Tolata.
De los cinco acusados, Guery F. P. y Marco Antonio Y. F., se beneficiaron con medidas sustitutivas a la detención preventiva y derecho al trabajo. En tanto, este martes, Edwin G. fue enviado al penal de El Abra con detención preventiva de seis meses.
La denuncia señala que el pasado 28 de enero, la joven fue llevada con engaños al lugar, donde los acusados incitaron a la joven a consumir bebidas alcohólicas y en ese interín, la expremilitar fue dopada.
La joven relató que sintió un sabor picante en la bebida y luego perdió el conocimiento. Al día siguiente, despertó con moretones y otros signos de violencia.
AMPLIAN DETENCIÓN PREVENTIVA A SOSA
La justicia dispuso que la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, se mantenga por 120 días más en Palmasola, cumpliendo detención preventiva por la denuncia de enriquecimiento ilícito que interpuso el Viceministerio de Transparencia. La exautoridad corre la misma suerte de la presidente Constitucional Jeanine Añez.
El viceministerio había interpuesto una denuncia en un juzgado de La Paz, situación que fue considerada irregular por los abogados de la exautoridad municipal y esta claro que era con mala intención.
PRUEBA FALSA CONTRA COMUNICADOR
Después de que los concejales de Comunidad Autonómica (C-A) denunciaran que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra usó pruebas falsas para encarcelar al comunicador de su bancada José Antonio Mendoza, la esposa del acusado sostuvo que impulsará un proceso penal contra las cabezas de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna cruceña.
En conferencia de prensa la mujer, dijo este miércoles, manifestó que la denuncia fue formalizada en la Fiscalía y apunta a los presuntos responsables de presentar un audio falso para sindicar a su marido por un supuesto delito en venganza del municipio.
Bravo apuntó al director de Asunto Jurídicos de la comuna cruceña, Bernardo Montenegro, al igual que otros funcionarios de “armar este caso”, a quienes sindicó por el supuesto delito de uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica. rc/bs/md/rp
¿HACE DESAPARECER 92 EXPEDIENTES?
Un Tribunal Departamental de Justicia La Paz dictó la detención preventiva de 4 meses en la cárcel de la jueza Gladis Bacarreza, investigada por cometer los delitos penales de retardación e incumplimiento de deberes relacionado con la “perdida” de 92 expedientes judiciales en su despacho, mismos quedaron paralizados.
Al respecto, la abogada de la jueza Bacarreza, alegó que la decisión judicial no contempló ni tomó en cuenta el argumento de su defendida. La jurista cree que existen otras personas involucradas en la pérdida de los expedientes observados y espera que otros miembros que trabajan en el juzgado también sean investigados. rc/bs/hj/rp