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In extenso (panbolivia.com) 5 enero de 2021, La Paz).- Un informe parcializado de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en favor de terroristas masistas, fue despejado. Dicha Comisión conformada en su mayoría por oficialistas que manipularon los acontecimientos podría enjuiciar a la expresidenta Jeanine Añez, ministro, Fuerzas Armadas, policía.
Según el informe tergiversado por la «Vulneración de los Derechos y garantías Constitucionales, en los sucesos acaecidos en el país, por las movilizaciones que tuvieron lugar a partir del 21 de octubre del 2019», cuando en realidad fueron los masistas quienes provocaron desmanes paras evitar la salida del «dictador» Evo Morales.
Así lo recomienda el último Informe Final de Conclusiones de esa Comisión conformada por mayoría de masistas (Inf. Cemihon Nro 001/2019-2020)
Las autoridades de Añez, están a un paso de ser enjuiciados por graves delitos que comprenden, genocidio, asesinato, torturas, desapariciones y otros tipificados en el Código Penal boliviano y que en realidad se pretende crear un manto de delitos con mala intención y algo peor manipulando la verdad.
El informe zezgado, podría ser aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional en las siguientes semanas, y que recomienda un juicio de responsabilidades y otro ordinario contra la ex mandataria Jeanine Áñez, y juicios ordinarios contra su primer gabinete y autoridades militares y policiales, por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones graves, asociación delictuosa, privación de libertad a terceros y desaparición forzada de personas por los hechos luctuosos ocurridos en el puente Huayllani y Sacaba en Cochabamba y la planta de Senkata de El Alto y no anuncia otros que efecuaron los correligionarios masistas en todo el país, lo que devela que la insana intención de los asambleistas del oficialismo que son dirigidos desde palacio y como por Evo Morales.
¿INVENTOS O EXAGERACIONES?
El documento dice en sus partes concluyentes, que la investigación, por ejemplo, «ha determinado que durante los hechos luctuosos ocurridos a partir del 21 de octubre se ha atentado contra población civil (A MASISTAS) usando a francotiradores, quienes dispararon desde los helicópteros de las Fuerzas Armadas, a personas desarmadas quienes fueron víctimas de disparos dirigidos a sus órganos vitales» (¿?).
MEJOR INVENTO
El informe inventado dice “Se ha acreditado que las fuerzas conjuntas han utilizado armamento letal desproporcionado” textual.
Además de haber provocado “semejante violación a los derechos y garantías constitucionales” por lo que concluye la Comisión «Mixta» que, “lo sucedido en Senkata fue genocidio y asesinato, ambos delitos de lesa humanidad” y en todo caso no dice que el hecho fue suscitado por los masistas y impulsado por terroristas e intelectuales como Eva Copa y operadores masistas que estuvieron a punto de generar un axplosión e incluso los disparos fueron hechos por seguidores del MAS.
El documento difiere que durante los hechos de Sacaba y Senkata las fuerzas del orden han sometido a ciudadanos a brutales golpizas, vejámenes y torturas, las mismas que están respaldadas en “aterradoras” declaraciones de las víctimas quienes además denuncian que se les “plantaron evidencias” para luego ser acusados por delitos que no cometieron.
De esta maneta victimizan a los masistas y malhechores masistas que hicieron una serie de actos vandálicos y pagados por operadores de los «jerarcas» del MAS.
Tan dirigido el informe, que no tiene ni pies y menos cabeza de la realidad de lo ocurrido en los lugares mencionados y no hace mención a la quema de los buses Pumakataris, francotiradores masistas en la carretera, cuando fueron asaltados buses de una delegación que venía desde Potosí hacia La Paz y otros tantos.
MAS MENTIRAS
Asimismo, sindican al Decreto Supremo Nro. 4078, firmado por Áñez y sus ministros como el que otorgó una “vergonzosa impunidad legal” al régimen y las fuerzas conjuntas de militares y policías, para perpetrar esos delitos, “violando la Constitución”, por lo que deberían ser enjuiciados por la vía ordinaria las siguientes ex autoridades: Karen Longaric Gutiérrez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Coimbra Collao, Yerko Núñez Negrete, María Elva Pinkert De Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo y Roxana Lizárraga Vega por lo que los mencionadas autoridades podrían ser acusadas por los delitos tipificados en el Código Penal, que comprenden la firma de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimientos de deberes.
En lo que respecta a las autoridades militares y policiales, los legisladores identificaron a Jaime Zurita Trujillo, ex comandante de la Policía Departamental Cochabamba y Alfredo Cuellar, ex comandante de la Guarnición Militar también de Cochabamba, a quienes se acusa de asesinato, genocidio y otros.
Asimismo, menciona al coronel Iván Rojas Tellería, ex comandante de la Policía de La Paz, y al coronel Franko Orlando Zuares Gonzáles, ex comandante de Acción Conjunta también por delitos de asesinato, genocidio y desaparición forzada de personas y otros.
Williams Kaliman, ex comandante de las Fuerzas Armadas también podría ser acusado en un juicio ordinario, por los delitos de asesinato, por haber autorizado la salida de las Fuerzas Armadas en los hechos de Ovejuyo en la Zona sur de La Paz y Betanzos en Potosí.
También se plantea otro juicio ordinario contra el coronel de la policía, Rodolfo Antonio Montero y Sergio Carlos Orellana Centellas, ex comandante de las Fuerzas Armadas, quienes fueron posesionados en el régimen de Áñez, antes de los sucesos luctuosos en Huayllani, Senkata y Sacaba.
En su parte final recomienda la destitución de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque Gutiérrez, por no haber acelerado los procesos por los hechos de Betanzos.
Según el abogado Carlos R. Choque el informe es la peor vergüenza de avivada y de involucrar a personas que defendieron el país y civiles de gente delincuencial y mafia que los operadores masistas manejaron en el mes de octubre de 2019 y que siguieron el 2020, que en plena pandemia no dejaron ingresaron oxígeno para los enfermos de COVID en los hospitales, cuando murieron más de 30 personas. (RC/BS/MD)
