IN EXTENSO.- Un grupo irregular del MAS, persiste este lunes en la toma por la fuerza las oficinas centrales de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en La Paz. La presidenta de esta instancia, Amparo Carvajal, decidió seguir con una vigilia y alista acciones judiciales para recuperar los predios. Entretanto grupos de ciudadanos se relevan para cuidar las instalaciones en lo que consideran un “asalto” a último bastión de los derechos humanos de los bolivianos.
El masista Edgar Salazar y apoyado por el gobierno y la justicia, durante el fin de semana se quedaron en las instalaciones de la Asamblea, bajo el argumento que es el dirigente de esa entidad y que fue elegido por sectores del MAS, en una entidad paralela y jamás por voto de la entidad oficial de APDHB, por cuanto y según los ciudadanos es “trucho” y político el movimiento del masista que junto a otros irrumpieron la oficinas y expulsados y parece irónico la policía los resguarda, cuando debieron intervenir a sola denuncia, ya que invadieron los “terroristas” una propiedad privada.
Mientras que el bloque liderado por Edgar Salazar, señalado como afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), defendió mediante un comunicado la acción y anunció una conferencia de prensa para hoy en la mañana para explicar “asalto” y contrariamente deben ser detenidos por la policía de manera directa.
La Policía defiende a los avasalladores de propiedades privadas, y sea cual fuese el motivo, cometieron un delito penado por ley. El recinto aún mantiene el resguardo de las instalaciones y no ha permitido el ingreso a Carvajal, una medida que para la oposición representa protección para el grupo “avasallador”.
El grupo de avasalladores ingreso con “engaños” a las oficinas denunciando en primera instancia una estafa, pero luego tomaron por la violencia los predios y expulsaron al personal y los activistas.
DENUNCIAS ANTE “JUSTICIA”
Las activistas recibieron pronunciamientos y respaldo de las asambleas regionales y confirmaron la reunión que activistas instalarán en puestas de la oficina ubicada en la avenida 6 de Agosto, no obstante, las acciones judiciales están encaminadas.
“La presidenta (Amparo Carvajal) presentó una denuncia ante la Fiscalía y también se están activando otros mecanismos jurídicos para recuperar la institución, porque sabemos que es el pueblo el que va a devolver esta casa de los derechos humanos que no es del Estado, es de todos”, declaró Yolanda Herrera, vicepresidente de la entidad.
Por medio de un comunicado, Salazar ha convocado a una conferencia de prensa para explicar una elección que nunca fue convocada por las autoridades de la Asamblea y Salazar hizo por su lado con grupos masistas y que la misma no tiene ninguna validez.
Desde hace varios meses, Salazar busca tomar el control de la institución con respaldo de organizaciones vinculados con el partido de gobierno ya hora de la policía que permite el avasallamiento de la propiedad privada por grupos masistas. rc/bs/md/hj