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IN EXTENSO.- «Era de esperar que los metan a la cárcel con o sin motivo por parte de la justicia del MAS y el gobierno, pues ya comenzó la ´caza´ de los cívicos en nuestro departamentos, es un abuso», afirma Gerardo vecino de Puerto Quijarro (frontera con Brasil), tras conocer que como nunca por la madrugada de este martes, la justicia determinó enviar con detención preventiva por 120 días a los cívicos Samuel Rojas Molina y Rubén Mario Flores.
Los delitos son por supuestos implicados en los hechos de violencia que se dieron en el primer día del paro indefinido en Puerto Quijarro y que derivaron en la muerte de una persona. Mientras el alcalde masista es encubierto y no lo detienen, ya que es otro implicado quien ordenó a sus funcionarios ira a desbloquear.
«Casi con mala intención son enviados a la cárcel», sostiene el vecino. Mientras su defensa señala que no ha habido una explicación fiscal ni policial de su participación directa de los acusados en la muerte de Julio Pablo Taborga, quien era funcionario municipal, lo que explica que el gobierno y tiene la orden la justicia de detener a losm dirigentes en especial cívicos.
”No se tiene el informe de la autopsia o un certificado médico forense y el único elemento material que tiene el Ministerio Público es un certificado de óbito, que no cumple las formalidades de un certificado médico legal”, puntualizó a los medios de comunicación por partde el abogado Martín Camacho.
Antes de la audiencia audiencia se cuestionó también que los tres ciudadanos hayan sido trasladados desde Puerto Quijarro hasta Santa Cruz, además que se los haya aprehendido sin elementos o indicios de su culpabilidad.
Dentro de este proceso se aprehendió también al cívico Jaime Algarañaz, pero esta persona fue asistida clínicamente al tener un deterior en su salud.
(panbolivia.net/WordPress) 25 /10/22, Santa Cruz.
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