IN EXTENSO.- En la última medición del Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), Bolivia ocupa el puesto 15 entre 22 naciones, e integra el listado de países con restricciones severas a la labor periodística.
«Es el caso de algunos canales de TV privados, que debido a tener publicidad del gobierno masistas, condicionan ese servicio para que difundan más información gubernamental, que no habría problemas y como que lo hacen, pero otra cosa es cuando ya difunden mentiras y encubren la corrupción, narcotráfico, problemas sociales y comprometidas autoridades políticas es el caso de Evo Morales y sus operadores.
La prensa en Bolivia no tiene acceso a la información del estado, ni siquiera los medios de comunicación de TV del estado tienen acceso y por el contrario son medios partidistas que le mienten a los ciudadanos en especial a la gente del campo. A ello hay que sumar algunas emisoras y algún u otro periódico partidista.
Y los políticos bien enseñados, cuando se les pregunta sobre temas específicos y del gobierno, contestan otros temas o finalmente dicen «no quiero hablar de eso o contrario, pregunte a la tal persona» son agendas que les dictan a los políticos del MAS todos los días como la palabra «golpe» que nunca hubo tal cosa en Bolivia y fue el FRAUDE de Evo Morales y su renuncia horas antes de hacer conocer su decisión e incluso las autoridades argentinas sabían antes que los bolivianos. Frase que pretende ser posesionada como si fuese verdad, cuando en realidad es la mayor mentira en la historia de Bolivia», sostiene el profesional Gerardo G. Hinojosa.
CON LOS TIEMPOS DE COCHABAMBA
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación y alerta sobre una campaña de asfixia económica y presión política denunciada por Editorial Canelas S.A., casa matriz del diario Los Tiempos de Cochabamba.
En una reunión con directivos de la empresa, la SIP tomó conocimiento sobre desproporcionadas y periódicas auditorías fiscales y administrativas contra el medio y sobre la hostilidad de un empresario allegado al gobierno y al partido oficial, Movimiento al Socialismo (MAS), que estaría ejerciendo presiones contra los accionistas de Los Tiempos para quedarse con la compañía a un precio irrisorio.
Los ejecutivos de Editorial Canelas aseguraron ante autoridades de la SIP que la campaña de asfixia gubernamental se inició años atrás con una manifiesta discriminación en el otorgamiento de publicidad oficial, y recientemente sumó presiones a inversores privados para desalentar la compra de inmuebles que Los Tiempos puso a la venta para sortear la crisis económica. Esto coloca a la editorial ante el riesgo de incumplir compromisos con su personal y con entidades bancarias.
La SIP viene registrando que el modus operandi del gobierno actual de Luis Arce difiere de la censura directa que en su época imponía el expresidente Evo Morales. Los ataques ahora son indirectos y generalizados contra los medios independientes y críticos.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, del Grupo Opsa, de Honduras, expresó: «Nos preocupan los métodos indirectos de presión, en especial en épocas de debilidad económica como la actual, profundizada por la pandemia». Agregó: «Peor aun, nos alarma que el gobierno busque quedarse con medios o que se los dé a sus allegados con el fin de transformarlos en vehículos de propaganda».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, dijo: «Hemos visto procesos parecidos de cuasi confiscación de medios por parte de gobiernos de otros países y, lamentablemente, en todos los casos comprobamos que se trata de una fórmula perversa para aniquilar la democracia».
Canahuati y Jornet dijeron que la SIP se mantendrá alerta ante la situación de Editorial Canelas y no descarta elevar el tema a organismos multilaterales y enviar una delegación a Bolivia.
Los directivos de Los Tiempos denunciaron que en una sorprendente coincidencia temporal con las ofertas hostiles de compra que recibieron los accionistas de la empresa, el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) y la Autoridad de Fiscalización de Empresas condujeron auditorías abusivas contra la casa editorial, atribuyéndole deudas multimillonarias inadecuadas y actividades de otros medios de comunicación que ya no están operando.
El objetivo de la campaña, aseguraron, es obligar a los accionistas de Los Tiempos a rendirse y entregar la empresa después de casi 79 años de operación por parte de la familia Canelas.
Canahuati y Jornet consideraron que el acoso fiscal e incluso judicial, las presiones financieras y la discriminación de la pauta publicitaria contra los medios de comunicación contravienen principios de documentos internacionales sobre democracia y libertad de prensa. Entre ellos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Declaración de Chapultepec.
(panbolivia.net/WordPress) 15/8/22, La Paz.
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