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Inextenso (panbolivia.net-WordPress) marzo 29 de 2022, La Paz.- Tras ser declarada rebelde por la Fiscalía en el caso por el envío de armamento no letal desde Ecuador, la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, denunció que sufre la violación a sus derechos humanos y lanzó acusaciones contra el fiscal general Juan Lanchipa y el fiscal departamental de La Paz, William Alave, ambos que favorecen al MAS y trabajan para el gobierno y prueba de ello es que no existe ni un solo detenido del terrorismo del 2019 incluido Evo Morales y sus operadores.
Un comunicado escrito por Lizárraga alerta que existe una «vendetta» por parte del fiscal Alave, debido a la forma en que fue removido del cargo.
Alave fue fiscal departamental hasta febrero de 2020, periodo del gobierno transitorio, cuando fue cambiado por Marco Cossío. En abril de 2021, después de asumir otro gobierno, Alave fue designado nuevamente en el cargo que ocupa en la actualidad y es quien se encargada de gran de detener a los politicos contrarios al MAS.
«Señalar al Sr.. William Alave que se equivoca al perseguirme. Lanchipa ofreció las fiscalías de distrito de La Paz y Santa Cruz al Sr. Nuñez y al Sr. Arturo Murillo. Se mantuvo al actual fiscal general ya que se puso a disposición del gobierno transitorio e inició un trabajo cercano con Arturo Murillo y Yerko Núñez», dice el comunicado de Lizárraga que envió a varios medios.
Según la exministra, durante el gobierno transitorio Lanchipa pidió tiempo para entregar la Fiscalía de La Paz a gente de confianza de Núñez, mientras que las fiscalías de Cochabamba y Santa Cruz eran para Arturo Murillo.
«En conversación sostenida con Núñez en diciembre 2019 en mi despacho me manifestó que Lanchipa estaba haciendo un buen trabajo que no había necesidad de cambiarlo y que había sugerido sacarlo a Williams Alave. En ese momento pensamos que Lanchipa estaba tomando revancha porque Alave tenía aspiraciones en la época Evista de ser fiscal general. Tiempo después este compromiso fue cumplido por Lanchipa», sostuvo.
Según Lizárraga, no es casualidad que el fiscal Eddy Flores la haya imputado, puesto que -según afirmó- es de confianza de Alave. Además acusó al mismo de dirigir una persecución en contra de su exesposo y padre de sus hijas, junto con el abogado de Juan Ramón Quintana.
Más adelante la exministra de Comunicación consideró que sufre una «tremenda violación» a sus derechos, con la declaratoria en rebeldía en su contra.
Según la Fiscalía masista, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que habría sostenido con Arturo Murillo, Fernando López y Jeanine Áñez, en Palacio de Gobierno, Lizárraga habría tomado contacto con un personal policial de Ecuador y se habría acordado que se envíe armamento no letal, es decir equipos antimotín, como gases lacrimógenos y otros que fueron ingresados a Bolivia de manera presuntamente ilegal. rc/bs/md
